En relación a las manifestaciones efectuadas en el día de ayer por el Sr. Ministro de Justicia en el Congreso de los Diputados, la Asociación Profesional de la Magistratura se ve en la inexcusable obligación de trasladar a la opinión pública las siguientes consideraciones:

1ª) Sólo podría estimarse como un retroceso en la garantía de las libertades públicas y en la protección de los derechos de los ciudadanos la instauración de un sistema de acceso a la Carrera Judicial no fundada en los principios constitucionales de mérito y capacidad, en la igualdad de oportunidades y en la profesionalidad acreditada ante Tribunales calificadores de la máxima solvencia.

2ª) Podría pensarse igualmente que aumentaría notablemente el riesgo, no deseado por los ciudadanos, de politización de la justicia, de caer con facilidad en la designación de jueces a dedo, o en el tercermundista clientelismo.

3ª) Será difícil explicar a la estudiosa juventud española el por qué se hace prevalecer una designación para cargos judiciales que no atiende, como único criterio objetivo, democrático y público, a la demostración de la valía en un exámen imparcial, tal y como ocurre, sin discusión, en Francia y en Italia.

4ª) También puede ser inexplicable el anuncio de establecer vías diferentes a la del acceso a la Carrera Judicial por oposición sólo para los cargos judiciales y no para otros respetables cargos de la Administración Pública o de la Docencia, salvo que existan motivos inconfesables de acceso al Poder Judicial de un Estado democrático.

5ª) Esas son las únicas conclusiones posibles ante el anuncio de la instauración, presumiblemente sin consenso y sin diálogo previo de clase alguna, de una nueva vía de acceso a las funciones judiciales a través de un sistema intermedio al de la misma oposición o exámen en condiciones de acreditar la preparación adecuada para poder tutelar debida y adecuadamente los derechos y las libertades de los españoles.

6ª) La Asociación Profesional de la Magistratura, que representa a más de la mitad de los miembros de la Carrera Judicial asociados de España, se opone y se opondrá rotunda y categóricamente a cualquier intento de crear en la ciudadanía la más mínima duda sobre la cualificación profesional de los jueces españoles, o sobre su posible nombramiento carente de las mínimas condiciones de objetividad y de preparación sólidas.

EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA