Se da traslado a los medios de difusión del siguiente documento elaborado por el Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura:

REFLEXIONES EN TORNO A RECIENTES ACONTECIMIENTOS QUE DIRECTAMENTE AFECTAN A LA SITUACIÓN DEL PODER JUDICIAL.

1.- EN EL AMBITO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.

La próxima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por la que se pretende incrementar la mayoría necesaria para el nombramiento de los cargos judiciales de índole discrecional ( Magistrados del TS y Presidentes del TSJ) sólo puede ser calificada como una intromisión flagrante por parte del poder ejecutivo. Si la razón de ser del Consejo General del Poder Judicial ha sido la sustracción al Ministerio de Justicia de las competencias contempladas en el artículo 122 de la Constitución, la modificación de la mayoría requerida para el ejercicio de la competencia de nombramientos afecta, de manera nuclear a lo que debe ser la independencia no sólo judicial, sino también entre los poderes del Estado.

Por otra parte, la actuación de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial nombrados a propuestas del partido que sustenta al Gobierno, ha puesto de manifiesto de modo evidente, una dependencia, subordinación y obediencia a las instrucciones del Ministerio de Justicia hasta ahora desconocidas. La reciente negativa a requerir del Gobierno el anteproyecto de Ley de reforma del Código Civil en materia de matrimonio de personas del mismo sexo es un ejemplo palmario de obediencia, en contra de lo que debiera ser el mantenimiento institucional de las funciones del órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial.

2.- EL COMPORTAMIENTO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA EN RELACIÓN A LA CARRERA JUDICIAL SE EVIDENCIA EN EXTREMOS TALES COMO:

1.- Reducción del incremento previsto en el Presupuesto de Justicia en los Presupuestos Generales del Estado para 2005. Sólo un 8%. El menor incremento de los últimos años.

2.- Negativa a dotar los fondos necesarios para prorrogar los planes de refuerzo en vigor, así como poner en marcha nuevos planes de refuerzo indispensables para hacer efectivo el derecho fundamental a la Tutela Judicial, abocando al fracaso el esfuerzo desplegado por los Jueces y Magistrados en los últimos años.

3.- Supresión de la partida destinada al pago de sustituciones , lo que sin perjuicio de entrañar un atentado contra la independencia judicial, en la medida en que se invaden competencias propias del Poder Judicial, se desconocen derechos reconocidos a los Jueces en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial y, fundamentalmente, menoscabando el derecho de los ciudadanos a una justicia pronta y eficaz.

4.- La APM siempre ha defendido postulados encaminados al mantenimiento de la independencia judicial, la dignidad institucional, la articulación del Poder Judicial como garante de los derechos fundamentales y libertades públicas y, por tanto, como garante del mismo Estado Social y Democrático de Derecho. La defensa de tales principios y valores es absolutamente incompatible con las actuaciones expuestas que merecen el expreso rechazo por parte de la Asociación Profesional de la Magistratura.

El Comité Ejecutivo

Asociación Profesional de la Magistratura