A la vista de las informaciones que en el día de hoy aparecen publicadas en diversos rotativos en relación con la comparecencia efectuada en la jornada de ayer ante la Comisión de Justicia del Congreso por el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, D. Francisco Hernando, la APM se ve en la obligación, hoy más que nunca, de hacer expresa y pública manifestación de apoyo y solidaridad al Presidente, mostrando, al propio tiempo, y una vez más, su más profundo rechazo ante lo que considera un ataque, en lo personal e institucional, absolutamente intolerable, contra el más alto cargo de la Magistratura española.

Ayer, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial fue acusado de sectarismo, de dejación del cumplimiento de sus obligaciones, de emitir opiniones de sesgo ideológico, de jugar un rol político que no le corresponde, de no tener respeto a la Cámara y de ser ariete y hacer seguidismo del Partido Popular. No faltando, tampoco, insinuaciones o afirmaciones, sobresalientemente groseras, sobre caza, viajes y carencia de virtudes para el ejercicio del cargo. Y todo ello fundamentalmente, según señalaron de forma tan entusiástica como irrespetuosa sus detractores, por lanzar críticas políticas a las iniciativas del Gobierno en materia de Justicia, por dedicarse a hacer dictámenes como el relativo a la reforma del estatuto de Cataluña que el Parlamento no le ha pedido o por emitir informes sobre anteproyectos que contienen juicios de oportunidad política o de constitucionalidad. Nada hay, en todo lo anterior, que se ajuste a la realidad. El Consejo General del Poder Judicial está obligado a informar los anteproyectos de leyes y disposiciones generales a los que se refiere el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y a su Comisión de Estudios e Informes le corresponde, de conformidad con lo establecido en el artículo 81.5º del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, "realizar los estudios jurídicos que se consideren procedentes o que se encarguen por el Pleno o por el Presidente sobre temas relacionados con la Administración de Justicia". Además, tanto el Presidente del Consejo General del Poder Judicial como sus Vocales, sin excepción alguna, asumen el compromiso, legal y personal, y desde el primer momento, de "guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes".

Los informes sobre anteproyectos que aprueba el Consejo General del Poder Judicial -no su Presidente- es lógico que adviertan del riesgo de inconstitucionalidad de apreciar tal posibilidad al analizar el texto, y si no, en cuestión tan trascendente como ésta, para qué el informe. La reforma de estatuto de Cataluña en lo que afecta -que es más que mucho- al Poder Judicial y la Administración de Justicia es manifiesto, hasta para un jurista iniciado, que puede ser objeto de estudio jurídico al amparo del artículo 81.5º, antes citado. Siendo evidente, por lo demás, que ni el Presidente ni los Vocales del Consejo General del Poder Judicial pueden desconocer su obligación de guardar y hacer guardar la Constitución, tarea en la que deben poner el máximo empeño y la mayor fortaleza intelectual y de ánimo.

Es por eso que lo ocurrido ayer en la Comisión de Justicia sólo se puede explicar como un nuevo episodio -otro más- encaminado a cercenar las legítimas atribuciones de un Consejo General del Poder Judicial al que se considera, desde determinados sectores políticos, extremadamente molesto y gravemente perturbador, y en el que su Presidente ha sido conscientemente elegido como blanco principal de todos los ataques.

No dudamos de la resistencia del Presidente. Nosotros, desde luego, estaremos a su lado para defender con todos los medios a nuestro alcance y sin regatear esfuerzos, como siempre lo hemos hecho, la independencia del Poder Judicial y de los valores y principios constitucionales, por lo que seguiremos criticando, cuantas veces proceda, cualquier actuación o comportamiento que los ataque o los desconozca, advirtiendo del riesgo que ello supone para la democracia y para los derechos e intereses de todos los españoles.

El Comité Ejecutivo de la APM

Madrid a 15 de diciembre de 2005