La Asociación Profesional de la Magistratura respalda, en su integridad y sin duda de género alguno, el informe aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial sobre la Proposición de Ley del Parlamento de Cataluña con la que se pretende que el conocimiento de la lengua autonómica sea obligatoria para los Jueces y funcionarios de Justicia destinados en la Comunidad Autonómica de Cataluña.

La Constitución Española establece que los integrantes del Poder Judicial y los miembros de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia son cuerpos nacionales, forman un cuerpo único y, en lo jurisdiccional, prevalece el principio de unidad jurisdiccional para toda España, al tiempo que han de ser objeto de la indiscriminada aplicación del derecho fundamental a la igualdad ante la Ley, no pudiendo ser discriminados por circunstancia alguna en dichas condiciones y en parte alguna del territorio español.

La lengua catalana, al igual que las otras lenguas cooficiales en España, son una riqueza cultural y patrimonial que pertenece a todos los españoles, no pudiéndose imponer su uso fuera de los términos constitucionalmente establecidos ni con carácter excluyente alguno, debiendo recordarse que la carrera de dichos funcionarios no tiene un término final en ninguna Comunidad Autónoma y que, con ello, se pondrían claros obstáculos a su misma libertad de traslado y a su concepto de cuerpos nacionales.

El establecimiento de una capacidad especial para el ejercicio de los integrantes de los miembros del Poder Judicial único en toda España, hipotética o derivadamente de la misma Fiscalía y de los integrantes de los cuerpos colaboradores de la Administración de Justicia en Cataluña supondría la clara y flagrante vulneración, al menos, de lo establecido en los artículos 3, 14, 117, 122 y 124 de la Constitución Española.

Asociación Profesional de la Magistratura