Si para algo sirve en democracia la opinión de la Asociación Profesional de la Magistratura, que acaba de ser respaldada en las recientes elecciones a las Salas de Gobierno por más del 75% del voto de los miembros de la Carrera Judicial, obteniendo el unánime y absoluto apoyo de su trayectoria en defensa de los miembros del Poder Judicial y de las instituciones constitucionales, se hace preciso hacer saber a la opinión pública lo siguiente:

Con un claro y rotundo desconocimiento de la libertad de expresión y de opinión, propias del sistema democrático que nos hemos dado todos los españoles a través de nuestra Constitución, se pretende, por el sector minoritario del Consejo, hacer objeto al Presidente de dicho órgano de una reprobación impropia de aquéllos que, por Ley, tienen encomendada la misma defensa de dichas libertades.

El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, como rector del órgano garante de la independencia judicial y del propio sistema de libertades constitucionales tiene, al menos, la misma libertad de expresión y de opinión que cualquier ciudadano español, sin que pueda pretenderse maniatar o silenciar dicha libertad en aras de una pretendida neutralidad que escasea en aquéllos mismos que intentan limitarla.

La Asociación Profesional de la Magistratura, con la misma legitimidad democrática que deriva de las recientes elecciones y del respaldo de una proporción casi absoluta de la Carrera Judicial ve con preocupación la reiteración de maniobras dirigidas a atentar o menoscabar la función y la misma libertad del Presidente del Consejo General del Poder Judicial al emitir sus opiniones, libres en un Estado de Derecho.

El COMITÉ EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA

MADRID, 28 de octubre de 2004.