LA APM PIDE RESPETO PARA TODOS LOS PROFESIONALES QUE ESTAN TRABAJANDO PARA QUE EL PROXIMO 28 DE ABRIL SE PUEDA APLICAR EN ESPAÑA LA LEY DE JUICIOS RAPIDOS

MUESTRA SU SORPRESA POR LAS DESMESURADAS E INJUSTIFICADAS CRÍTICAS QUIE DESDE DETERMINADOS SECTORES SE ESTÁN HACIENDO EN CONTRA DE LA LEY “DE JUICIOS RÁPIDOS” Y PUNTUALIZA QUE LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ES UN TRABAJO DE TODOS

LA APM INSISTE EN QUE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA SE RESPETA EN EL TEXTO Y SOLICITA CONSENSO Y UNIÓN PARA APLICAR TAMBIÉN EL NO MENOS RESPETADO PRINCIPIO DE LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA

La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial y que reúne la representatividad de 1.090 jueces y Magistrados asociados en la actualidad quiere expresar públicamente su sorpresa y rechazo más enérgico ante las desmesuradas críticas que se están haciendo desde determinados sectores contra la ley de juicios rápidos que entra en vigor el próximo día 28 de Abril.
Resulta sorprendente que un texto que ha sido reclamado por la propia sociedad, a fin de optimizar la lucha contra la delincuencia, se vea ahora en estado de crítica por algunos sectores que apelan a una inexistente inconstitucionalidad de la norma aprobada por el Parlamento Español.
En modo alguno puede entenderse que sea inconstitucional la denominada “Ley de Juicios rápidos” cuando se respetan toda y cada una de las garantías de detenidos o denunciados, habida cuenta que la rapidez y agilidad a la hora de resolver no pueden entenderse nunca como sinónimo de pérdida de garantías sino que, muy al contrario, viene a resolver la lacra de la lentitud de la que se acusaba a la justicia penal.
Por otro lado, no podemos olvidar que esta ley insiste en un factor hasta ahora olvidado, -y que fue preterido en la Ley de 1992-, como es el de la protección de la víctima del delito, que en esencia, y con esa finalidad preventiva y protectora de la ciudadanía que persigue la nueva norma, viene a ser uno de los aspectos fundamentales sobre los que gira la reforma.
Los ciudadanos que sean víctimas de un delito o falta a partir del próximo 28 de Abril van a poder comprobar que la agilidad y rapidez de la justicia penal va a cambiar la imagen que estos tienen de la justicia sin que, insistimos, esta rapidez esté en contra de los derechos del imputado, sino que los respeta, pero también los de las víctimas del delito, no lo olvidemos.

Además, la mayor prueba de la necesidad de esta reforma procesal penal, que algunos critican de forma exagerada, es que la implantación de los juicios rápidos con la legislación que existía en nuestro país desde el año 1992 se había aplicado en muy contadas localidades españolas, pero más bien por el espíritu voluntarista y comprometido de los profesionales que por otras razones, habida cuenta que la parquedad en la regulación legal del año 1992 (Ley 10/1992, de 30 de Abril) conllevaba que en la práctica fueran muy pocos los partidos judiciales que estuvieran aplicando el art. 790 Lecr. a derogar ahora con la presente reforma.
Además, en la Memoria de la Fiscalía General del Estado última se señalaba que en 1996 se habían celebrado tan solo 4.857 juicios rápidos, en el año 2000, apenas 3.600 y en el año 2001 4.015, cuando con la nueva ley de juicios rápidos se van a multiplicar estas cifras de forma absoluta.
Ello significaba que la implantación de la reforma de la Lecr, operada por la Ley 10/92 de 30 de Abril estaba siendo meramente voluntarista por la buena voluntad de los profesionales que en algunas localidades estaban poniendo el esfuerzo en coordinarse y aplicar una normativa procesal en la que puede estar una de las soluciones al problema de la delincuencia, pero estas cifras demostraban la inoperancia práctica de la ley de 1992.
Por ello, se hacía necesario que se aprobara un nuevo texto que viniera a reformar un sistema de justicia penal caduco y que en nada protegía a las víctimas del delito. Las Leyes 38/2002 y 8/2002 “de Juicios rápidos”, acusadas de inconstitucional por algunas personas y sectores, han venido a dar una respuesta al problema de la lentitud en la justicia penal. Por ello, a esta Asociación no deja de sorprenderle que tras el esfuerzo que se ha hecho en el Parlamento y después en el Consejo General del Poder Judicial por aprobar el Reglamento de Guardias de los juzgados , todavía puedan efectuarse críticas a un sistema implantado para luchar por el mantenimiento de la seguridad ciudadana sin merma de la seguridad jurídica .
Esta Asociación profesional de jueces tiene que reclamar el máximo respeto para todos aquellos jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, forenses , funcionarios de justicia y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que en la actualidad se están reuniendo todos los días para que el próximo 28 de Abril estemos preparados para aplicar un texto en el que todos los profesionales de la justicia confiamos para reforzar , también, la imagen de nuestra justicia.
Fácil es hacer la crítica por la crítica, pero la que carece de fundamento no puede admitirse cuando los colectivos de la justicia están trabajando en estas fechas para articular protocolos de colaboración, programas de actuación coordinada en Comunidades Autónomas y distintas Audiencias Provinciales y Partidos Judiciales, y cuando, por fin, se comprueba que los profesionales de la justicia queremos hacer del trabajo común y del consenso a la hora de trabajar la mayor apuesta para que los ciudadanos confíen en sus tribunales.
Por ello, nulo favor se hace a la ciudadanía en esas críticas a la reforma penal cuando son muchos los profesionales de la justicia que de forma silenciosa apuestan por aplicar una reforma procesal penal, y la próxima penal que ya se encuentra en el Parlamento, para conseguir una mayor tranquilidad en las personas en su integridad personal y en sus bienes y derechos.
Entendemos, así, que los que efectúan críticas injustificadas a las reformas que son textos legales, de obligado cumplimiento como toda ley aprobada en Cortes- deberían reconsiderar esa actitud en razón al compromiso que todos tenemos, cada uno en nuestra respectiva parcela de responsabilidad, dentro del Estado o fuera de la Administración.
Por todo ello, esta Asociación Profesional, mayoritaria en su representación de jueces y Magistrados, quiere hacer constar su rechazo a las injustificadas críticas a la reforma legal que se han hecho en los últimos días, y pide unión ante el reto que tenemos todos y cada uno, sin exclusiones, -salvo los que se quieran excluir-, para que a partir del 28 de Abril el ciudadano tenga perfecto conocimiento y se cerciore que el cambio de la imagen de la justicia no es una utopía, sino una realidad que conseguiremos solo si demostramos que sabemos asumir nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades. Estas últimas en negrita y en letras mayúsculas.

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA