Si
alguna utilidad tienen los “libros blancos” es que con ellos se busca describir
una situación, diagnósticarla, buscar sus causas y desde
ahí proponer soluciones.En definitiva, se trata de abrir un debate.Si esto se hace con la Justicia habrá que convenir
que no es una operación
desdeñable y si esa empresa es capitaneada por el
Consejo General del Poder Judicial habrá que convenir que
es del máximo interés.
El
actual Consejo hace unos meses abrió una gran encuesta sobre la
Justicia y fruto de la misma será el Libro Blanco sobre la
reforma de la Justicia.Entiendo que ese Libro tiene por vocación ser la falsilla sobre la que se
encribirán los renglones de la Justicia en los próximos años.Será
la gran aportación de este Consejo en sus cinco años de mandato.
Tras
la lectura del último borrador de Libro Blanco la pregunta que se
hace cualquier analista es si
no se puede esperar más del Consejo.Si este órgano, por
su composición y la variedad de sus componentes no puede dar más
de sí: es el mínimo común denominador de visiones dispares
sobre la Justicia.
No
se habla de “jueces y magistrados” sino de “personal judiciai”.Esta
expresión se va deteriorando a lo largo del texto.Así
se llega a hablar
de “personas que operan en el ámbito judicial” (pág.87)
y de ahí a “los que intervienen en la Administración
de justicia” (pág.89)
Esta
forma de expresarse corre paralela al regustillo
o querencia por expresiones como “operadores” jurídicos
(en vez jueces y magistrados, fiscales, abogados, procuradores,etc),
“talleres” (en vez de conferencias, cursos, seminarios)
o “herramientas” (en vez de procesos, procedimiento, sistemas,
técnicas. Todo esto da una visión
puramente administrativizada de la Justicia: se
habla de “prestaciones” (como si de un coche se tratase)
e, incluso, no se habla de ciudadano, justiciable o litigante
sino de “administrado” (pág.78)No es casualidad que en
un Curso de Verano de la UIMP
de este año sobre “oficina” judicial se llevase
a funcionarios de la Seguridad Social: como si la Seguridad
Social fuese equiparable al Poder Judicial.Aunque, quien
sabe, quizás
se busquen coincidencias en las listas de espera.
Otra
expresión frecuente en el
Libro Blanco es, por ejemplo, “gestión”.Los redactores
del Libro Blanco han quedado prendados por todo lo que
signifique gestión y de ahí saltamos a lo “gerencial”.De
nuevo estamos ante la presencia de la concepción de la
Justicia desde planteamientos funcionariales y burocratizantes:
no se habla de Derecho procesal sino de gestión de los
procedimientos, ni de gobierno interno sino de gestión
organizativa.
Otras
expresiones evidencias
este regustillo por el lenguaje burocrático o pedanteburoicrático:
“técnicas de auditoría”, “visitas de conocimiento”, “Inspección
de calidad”, “estudios temáticos”, “herramientas de organización”,
“unidades de resolución”, lo “estructural”, etc.Lo que
más sorprende
es que luego se apunte la necesdidad de que los jueces empleemos un leguaje comprensible para el
ciudadano.
En
definitiva ya
no se concible al juez como integrante
de un Poder del Estado que administra justicia
mediante sus snetencias desde esa autoridad a través
de los procesos.¿Cual es el juez que quiere el CGPJ? Ahora
se trata de un gris
funcionario que
debe pedir perdón por lo que es y por lo que hace,
que debe ser consciente de que a cada paso
que de y
desde las
más variadas unidades y servicios integrados de
control, verificación, constatación, conocimiento,
comprobación, auditoria
interna y externa -servicios por supuesto desburocratizados-
se le van a exigir
responsabilidades por el uso que haga del aparato represor
del Estado; gris funcionario, “personal judicial” que
está inmerso en una “oficina”
“estructuralizada” en “unidades operativas” desde la que se presta al “administrado”
el “servicio público” de la Justicia mediante una serie
de “prestaciones” que debe conocer acudiendo a “talleres”
en donde se le enseñe a manejar las diversas “herramientas”
para “gestionar” los procedimientos todo ello desde una
óptica gerencial-desburocratizada-prestacional, pero no dictando sentencias sino “dando respuesta” “vehiculándo”
sus “productos jurisdiccionales”
en un lenguje, por supuesto, inteligible para el
ciudadano.
Consideraciones
generales.
No
debe dejar de apuntarse que de los veinte Vocales del
CGPJ, más de la
mitad o no son jueces o no han pisado o juzgado, o siendo
jueces llevan años sin pisar un juzgado o dictar sentencia
-alguno aun no se ha estrenado en ese menester- o
estamos ante algún miembro conocido por destrozar
aquellos juzgados en los que ha puesto sus manos
o por adoptar
inciativas “gerenciales” basadas en el más puro arbitrismo,
eso si, revestidas con
la orla de la progresía, bálsamo de Fierabrás que
convierte la mayor de las abritrariedades en algo digno
y meritorio.
El Libro Blanco parece que en lo órganico sedebe
preservar el actual status quo instaurado por Ledesma
y “perfeccionado” por Belloch.Ningún cambio se propone
la respecto.
Así, por ejemplo, se mantiene el
ingreso del “personal judicial” por el fracasado sistema de turnos,
nada se dice sobre los políticos metidos a jueces y que
acceden a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales
Superiores de Justicia, nada se dice sobre
retribuciones (salvo una mención a un complemento
de productividad, idea apuntada por JD), nada sobre asociaciones,
nada sobre los Magistrados especialistas como fórmula
de utilidad probado en
el perfeccionamiento de jueces y magistrados, nada
sobre la cualificación de los inspectores y, por supuesto,
nada sobre nombramientos discrecionales, nada sobre la
informatización integral de la Justicia, nada sobre el
CGPJ en cuanto a la forma de elección de sus Vocales,
ni sobre la opinión de los jueces y magistrados acerca
del CGPJ.Deben modicarse las leyes
procesales, pero la LOPJ ni tocarla:
no es extraño que todo se haga pivotar en los reglamentos
existentes y en los que vendrán.
Si
se advierte, en la línea del mantenimiento del status
quo, pero con las lógicas variaciones provocadas por el
devenir del tiempo, una
subyacente desconfianza hacia el juez:
de ahí la insistencia en
las carencias del sistema disciplianrio cuyas propuestas
(en lo adjetivo
y sustantivo) son que se sanciona poco, que el ciudadano
siempre tiene razón, que el juez es un pequeño o gran
sinvergüenza en
potencia o en acto.
En cuanto a la inspección, aparte de lo dicho,
resulta curioso que se habla de
desburocratizar el Servicio de Inspección y se
hagan unas propuestas que llevarán una mayor compeljidad organizativa (por ejemplo, la instauración
de un servicio de quejas e información, pág 79.¿lo que
hizo la Carmena en Madrid?)
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