PRIMERA.- El Informe de esta Asociación se ceñirá a lo que es su ámbito legitimador y que viene dado por el artículo 401,2ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial en relación a los Estatutos de la misma.

SEGUNDA.- Se deja constancia del incumplimiento de lo prevenido en la Disposición Final Primera de la LO 4/987, de 4 de agosto.

TERCERA.- En la LO 4/97 se aprecia un punto de indeterminación respecto de los órganos consultivos diseñados en el artículo 3.1. y 3.2, hasta el punto de no apreciarse con claridad si se trata de un mismo órgano o si, por contra, se está ante órganos diferentes.

Desde el momento en que el Proyecto informado aborda el desarrollo del artículo 3.2 hay que entender que la llamada "Comisión de Videovigilancia" se configura como un órgano distinto del deducible del artículo 3.1.Esta solución parece aceptable; ahora bien, sería conveniente que bien sea en el Preámbulo del Reglamento o, al menos, en sus Disposiciones Adicionales se explique y, en su caso, regule, el sentido que tiene el órgano de citado artículo 3.1.

CUARTA .Respecto de la composición que se prevé para la Comisión de Videovigilancia, se parte, por un lado, de las previsiones de la propia LO 4/97 en cuanto que prevé que sea presidida por el Presidente del Respectivo Tribunal Superior de Justicia.De esta forma el debate sobre la "judiciacilización" de ese órgano queda ya sustraído al Informe sobre el Proyecto de Reglamento.

En cuanto a la presencia del Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia es una posibilidad que, en principio, tiene su cobertura en el artículo 3.15 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

En cuanto al resto de los miembros de la Comisión, se respeta la regla del artículo 3.2 in fine

QUINTA. Tal y como se dice en el artículo 1.1 del Proyecto y se desarrolla en el articulado, el otro objeto del mismo es desarrollar las condiciones del régimen de conservación de lo grabado y el ejercicio del derecho de información, acceso y cancelación de grabaciones.En este sentido y a la vista de lo establecido en el artículo 2.2 de la LO 4/97, se echa en falta un desarrollo más pormenorizado de ese régimen supletorio respecto de las especialidades de las imágenes y sonidos como datos personales.

SEXTA. Con la finalidad de que no pierda su objeto el recurso contencioso-administrativo deducible del artículo 15.4 del Proyecto, sería aconsejable que se introdujese alguna previsión para compatibilizar los plazos de interposición con el plazo del artículo 12.2, sin necesidad de que el Juez de lo Contencioso-administrativo (ver artículo 8.3 de la reciente Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa) tenga que adoptar una medida cautelar.

Téngase en cuenta que si antes ha sido preciso interponer un recurso ordinario y en vía administrativa no se ha acordado la medida cautelar de conservar la grabación, el futuro pleito judicial carecerá de objeto.

Por razón de lo dicho, sería aconsejable que dentro de las excepciones a la regla general de destrucción en el plazo del mes (artículo 12.2), se introdujera otra excepción más referida a aquellos casos en que se hubiere promovido recurso administrativo o bien, en su caso, directamente el jurisdiccional.En tal supuesto, y sólo para los efectos de ese recurso, se conservará cautelarmente la grabación a expensas de lo que se resuelva en vía administrativa o, en su caso, judicial.

SÉPTIMA. En cuanto al régimen de cancelación, no se regula expresamente cual es la trascendencia jurídica de ese acto; tan sólo se regula en qué consiste técnicamente la cancelación (artículo 17.1).Habrá que entender que implica privar de eficacia probatoria a las imágenes y sonidos por haberse incumplido en su captación los principios deducibles de la LO 4/97.

Por otra parte, el artículo 16.1 deja a salvo de la cancelación los casos del artículo 8.1 de la LO4/97.En este sentido tal regulación debería completarse con una previsión para aquellos casos en que el acto de cancelación ha sido anterior a la incoación de diligencias penales, en cuyo caso se debería decir que esa estimación de la solicitud de cancelación se efectúa sin perjuicio de lo que se acuerde en el curso de esas diligencias, de ahí que deba ser posible técnicamente y para tales caso recuperar la grabación.

OCTAVA. Puesto que se está ante el empleo de unos medios técnicos que van a servir, en parte, para la probanza de unos hechos ilícitos, se echa en falta una llamada para que en un plazo determinado por el Ministerio del Interior se dicten las normas oportunas sobre homologación técnica de equipos y sistemas videográficos, todo ello con la finalidad de no privar de eficacia probatoria las grabaciones.

La necesidad de tal regulación es exigible desde el momento en que en la solicitud de autorización [artículo7.3.f)] se exige expresar el tipo de cámara y sus condiciones técnicas

NOVENA. Ligado a lo anterior, respecto de la LO 4/97 nada se desarrolla ni sobre cual será la cualificación exigible a las personas encargadas de la explotación y tratamiento del sistema ni acerca de quienes van a ser esas personas.