Los expertos creen que el ‘blanqueo de capitales’ es un delito “totalmente abierto y en blanco que expone a la persecución penal a cualquiera”. Además, demandan la corrección y aclaración de conceptos, y la adaptación de la norma al Derecho español.

Las conclusiones del I Simposio Nacional sobre la Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, organizado por el Colegio de Abogados de Málaga y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) han puesto de relieve que la razón del tipo penal del blanqueo de capitales es, ni más ni menos, que el combate de la criminalidad organizada. Sin embargo, según expuso el abogado Santiago Milans del Bosch, miembro de la Comisión de prevención de blanqueo de capitales del CGAE, “dicho noble fin no debe llevarnos a crear un nuevo Guantánamo jurídico”.

En opinión de este experto, “jueces, fiscales y abogados no estaban preparados ante la irrupción de este nuevo tipo penal”, lo que hace preciso un “período de rodaje, de experiencia acumulada para que su conocimiento sea extendido y conocido por la sociedad y por los operadores jurídicos”. Para Milans del Bosch, el blanqueo de capitales es como “la nueva peste del siglo XXI, ya que al presunto blanqueador se le trata como a un apestado”.

En este sentido, los participantes en el Congreso concluyeron que, actualmente, el blanqueo de capitales es un delito “totalmente abierto y en blanco que expone a la persecución penal a cualquiera” y que, por consiguiente, requiere de la corrección, aclaración de conceptos y de la adaptación de la norma al Derecho español.

El profesor de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Compostela Miguel Abel Souto, afirmó que “hay que corregir muchas cosas porque las conductas típicas están redactadas con indeterminación absoluta”. Souto indicó, además, que el delito tiene que ser reprimido contundentemente, pero para ello “no vale todo”, puesto que “se han acabado incorporando al Código Penal disposiciones que vienen de EEUU”, por lo que, dijo, “entraron conductas que no están acompasadas con el ordenamiento jurídico europeo ni con el español y que son autenticas aberraciones jurídicas y vulneraciones de los principios básicos”.

“Lo que está pasando con el blanqueo de dinero es que se atenta contra las bases mismas del Estado democrático y si no se pone freno ahora a este modo de hacer las leyes penales de corta y pega, de traer algo de otro ordenamiento y meterlo en el Código Penal, llevamos un camino muy peligroso”, advirtió el jurista, quien apuntó que también habrá que “poner algún sentido común en la regulación penal y volver al límite del delito grave como hecho previo”.

Secreto profesional

La evidente dificultad que tienen los abogados para compatibilizar asesoramiento y el deber de comunicación centró buena parte de las ponencias. Así, Nielson Sánchez-Stewart, presidente de la Comisión de Prevención de blanqueo de capitales del CGAE, señaló que “el secreto profesional no es un privilegio del abogado, sino un derecho del cliente” y, ante las evidentes dificultades existentes en esta materia, abogó por que la “abogacía se dote de un órgano de control y filtro que colabore con el Sepblac adecuadamente”.

En este sentido, el coordinador de la Sección de Prevención de Blanqueo de Capitales del Colegio de Abogados de Málaga, José Pons, indicó que en las jornadas se apostó por hacer algunas aclaraciones en la normativa, sobre todo en lo referente a discernir hasta dónde llega el secreto profesional y la obligación de comunicación. A este respecto, lamentó que “empieza a cuestionarse y a obligarse, de algún modo, a vulnerar el secreto profesional”. “No existe aún una total clarificación en todas las personas involucradas sobre qué es realmente el delito de blanqueo y cuál es la participación de los profesionales”, apuntó.
 Pons reconoció que los abogados están “un poco confusos respecto a las normativas surgidas a raíz de la exportación de directivas comunitarias”, aunque señaló que “estamos absolutamente de acuerdo con esa persecución del crimen organizado”.

Finalmente, Horacio Oliva García, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense, denunció que en estas operaciones se imputan “de entrada” a asesores fiscales, notarios y abogados “por el simple hecho de haber mantenido relaciones profesionales con el acusado del delito de blanqueo”. A su juicio, “primero se detiene y después, se pregunta y, en muchos casos, al final de un largo calvario, se les absuelve pero ya dañados irremisiblemente por las imputaciones realizadas”.