El tribunal también condena al abogado Joan Piqué Vidal a siete años de prisión por los mismos delitos, cometidos a principios de los años 90

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a 9 años y 4 meses de prisión al ex juez Lluís Pascual Estevill por delitos de cohecho, prevaricación y detención ilegal, entre otros, cometidos cuando ejerció como magistrado de instrucción en Terrassa y Barcelona. La sentencia, de 350 páginas y que en parte fue leída públicamente ayer en el TSJC durante más de dos horas, condena también al abogado Joan Piqué Vidal a siete años de prisión por los mismos delitos, cometidos a principios de los años 90.

La sentencia afirma que Pascual Estevill atemorizó a empresarios y banqueros aprovechando su condición de juez instructor para extorsionarles bajo amenazas de enviarles a prisión y que además dictó resoluciones injustas, mientras señala que el abogado Piqué Vidal actuó "conjuntamente" con Estevill potenciando su actividad delictiva y con "falta de ética" hacia sus clientes.

En concreto, el alto tribunal señala tres casos en los que ambos acusados -uno como juez y el otro como abogado de los empresarios extorsionados- actuaron de común acuerdo: Nutrexpa-Idapsa, Macosa y Bertrán de Caralt.

En el caso Nutrexpa (1991), Estevill cobró de la familia Ferrero 25 millones de pesetas en una cuenta de Suiza y Piqué no menos de 6 millones a cambio de que los responsables de la compañía (José María e Ignacio Ferrero y José María Ventura Ferrero) no fueran a prisión por un asunto de facturas falsas.

Los consejeros de la metalúrgica Macosa hicieron lo propio a finales de 1992 para no acabar en la cárcel, después de que Pascual Estevill les imputara un delito de fraude mercantil.

De nuevo, asesorados por Piqué Vidal, los directivos de Macosa pagaron 100 millones de pesetas, 50 para evitar que Estevill los metiera en la cárcel y otros 50 millones, que presuntamente fueron abonados por el fallecido presidente de Fecsa, Luis Magaña, para que Alfonso Escámez, entonces presidente del Banco Central, entidad vinculada a Macosa, no fuera imputado en el asunto.

De esos 100 millones, la mitad fueron a parar de nuevo a la cuenta suiza de Pascual Estevill, mientras que el tribunal desconoce el paradero de los otros 50, que presuntamente se embolsaron Piqué Vidal y Juan Vives (padre), otro abogado que medió en el pago y cuyo delicado estado de salud lo incapacita para ser juzgado.

El tercer caso en que, según el TSJC, Estevill y Piqué actuaron de común acuerdo fue el de José Felipe Bertrán de Caralt, conocido industrial barcelonés a quien el ex magistrado le imputó en 1993 otro delito económico.

Piqué requirió a Bertrán de Caralt 50 millones de pesetas en nombre de Pascual Estevill para que éste no ordenara su ingreso en prisión, pero el empresario catalán fue el único de los que aparecen en esta causa que se negó a pagar.

La sentencia relata también otros delitos cometidos únicamente por Lluís Pascual Estevill, como el alzamiento de bienes efectuado entre 1996 y 1997 con el propósito de eludir el pago de 202 millones de pesetas de fianza que se le solicitaban como responsable civil directo en esta causa.

La sentencia también condena al ex magistrado por otras extorsiones cometidas sin la ayuda de Piqué, como cuando logró que su hija fuera contratada para el gabinete jurídico de la Banca March a cambio de no encarcelar a consejeros de Pryca, o cuando pidió a unos directivos imputados en el caso Indelso que "ayudasen" a financiar una importante deuda bancaria contraída por su amigo el joyero Rogelio Roca a cambio de no decretar su ingreso en prisión.

En el juicio, celebrado el pasado mes de septiembre, el fiscal pidió 13 años de prisión para Pascual Estevill y nueve años de cárcel para Juan Piqué.

La sentencia hecha publica ayer, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, ha rebajado sensiblemente esas penas.

Así, Lluís Pascual Estevill ha sido condenado a nueve años y cuatro meses de cárcel y a pagar una multa de 1,8 millones de euros, mientras que Juan Piqué Vidal ha sido condenado a siete años de prisión y al pago de 906.000 euros en multas. Ambos, además, han sido inhabilitados durante el tiempo que dure la condena.

En cuanto a la responsabilidad civil, los dos acusados deberán abonar solidariamente cerca de 700.000 euros a los empresarios que extorsionaron.

Respecto a Estevill, el tribunal ha declarado además la nulidad de todas las operaciones efectuadas por el ex juez con el objetivo de desprenderse de su patrimonio y declararse insolvente, incluidas las donaciones de dos de sus pisos efectuadas en favor de sus hijas, quienes deberán devolver el valor en el que se tasaron los mismos.