El PP y ERC coinciden al asegurar que la presidenta del Tribunal Constitucional debe dar “explicaciones cumplidas” sobre el caso a todos los ciudadanos

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado de plano una denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias contra la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas, por su conversación con una abogada en la que podría haber incurrido en un delito de asesoramiento ilegal, informaron fuentes del consejo. Por su parte, el PP y ERC han asegurado que la presidenta del Tribunal Constitucional debe dar "explicaciones cumplidas" a los ciudadanos.

La denuncia de Manos Limpias presentada ante el máximo órgano de gobierno de los jueces días después de que transcendiese la comunicación de Casas con una letrada, ha sido rechaza por la secretaría general del CGPJ debido a que este órgano no tiene competencia de carácter disciplinario sobre los magistrados del TC, informaron las mismas fuentes.

Precisamente, el Pleno del Tribunal Constitucional, con excepción del magistrado conservador Jorque Rodríguez-Zapata, expresó el lunes su confianza en la presidenta de este órgano, María Emilia Casas, durante el Pleno gubernamental convocado por ésta tras hacerse pública una conversación que mantuvo el pasado año con la abogada Dolores Martín Pozo que fue grabada por la Guardia Civil, que investigaba a la letrada por la muerte de su ex esposo.

Rodríguez-Zapata eludió pronunciarse alegando que ello supondría una toma de postura que podría contaminarle en el futuro ante eventuales actuaciones del Constitucional referidas a este caso.

La decisión de Casas de llevar este asunto al Pleno se produjo después de que, el pasado jueves, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidiera archivar el procedimiento abierto para aclarar si Casas incurrió en un delito de asesoramiento ilegal, penado con multa e inhabilitación.

El Pleno del TC es el único órgano constitucionalmente competente para la valoración de los comportamientos institucionales de sus miembros, ya que los magistrados no responden disciplinariamente ante el Consejo General del Poder Judicial.

Resolución de carácter judicial o gubernativa

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Saénz de Santamaría, ha asegurado que la presidenta del Constitucional debe dar "explicaciones cumplidas" a los ciudadanos, ya que hasta el momento no ha habido ninguna resolución de carácter judicial o gubernativa.

La portavoz ha destacado que su grupo respeta las resoluciones judiciales y gubernativas del TC pero, ha puntualizado, que en este caso no las ha habido sino que ha existido una "deliberación" en el que la propia Casas estuvo presente.

"Lo único que tenemos es un comunicado o nota de prensa del TC donde se dan por satisfechos con la transparencia, pero los ciudadanos no hemos tenido una explicación sobre el asunto", ha señalado Sáenz de Santamaría.

"Explicaciones de motu propio"

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, también ha pedido a Casas que , de "motu propio", dé "cumplidas" explicaciones a la opinión pública por atender la petición de asesoramiento de una abogada acusada de ordenar el asesinato de su ex marido, un hecho que tachó de "anécdota".

Ridao señaló que Casas no era "merecedora de ningún reproche penal" por su conducta, si bien sí subrayó la importancia de que la presidenta del Alto Tribunal explique públicamente lo sucedido ante la posibilidad de que comparezca en el Parlamento, dado que el Poder Legislativo no puede controlar al Judicial.

Eso sí, el portavoz de los republicanos en el Congreso puso de relieve la necesidad de que las diferentes fuerzas con representación parlamentaria lleguen a un acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, cuya credibilidad, según destacó, "está bajo mínimos".