Los alcaldes andaluces, como imputados por prevaricación en delitos urbanísticos o simplemente como autoridades poco colaboradoras en la persecución de estos delitos, centran buena parte de los comentarios que hacen los fiscales de Medio Ambiente en su memoria de 2007. Esta memoria de lo realizado por estos fiscales especializados en la persecución de los delitos contra el Urbanismo, la Ordenación del Territorio y el patrimonio Histórico fue facilitada ayer antes de su presentación al Parlamento por el fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón.

El informe de la red de fiscales medioambientales cuantifica las diligencias abiertas en cada uno de los tipos de delitos que les competen y lo comparan con los de años anteriores. Los asuntos incoados por los fiscales que más han crecido en los tres últimos años han sido los urbanísticos que han pasado de 348 en 2005 a 1.039 en 2007, aunque el gran salto se dio ya en 2006, donde fueron 925. Sin embargo, a nivel andaluz, las diligencias abiertas por asuntos de medio ambiente y de patrimonio han disminuido en 2007 respecto a 2006. Las razones por las que aumentan los delitos urbanísticos no se analizan de forma global en la memoria, sino que cada fiscal hace su propia lectura de la situación provincial. Sin embargo, la crítica a los alcaldes, por no colaborar, son comunes en los informes de varios fiscales.

Impunidad en Sevilla

En concreto el de Sevilla, denuncia los «espacios de impunidad» en materia de delitos urbanísticos que se producen por la «inacción» de los alcaldes de la provincia, a los que además reprocha su pasividad al no denunciar ni actuar contra la contaminación acústica.

El fiscal coordinador de Sevilla, Javier Rufino, lamenta que «sigue siendo muy escaso el nivel de colaboración de los Ayuntamientos» en cuanto a construcciones ilegales, vertidos y vertederos ilegales, hasta el punto de que las denuncias proceden casi exclusivamente de la Guardia Civil y Policía Autonómica. Esta «inacción» municipal, donde las pocas comunicaciones que se reciben son «tardías o incompletas», facilita la «existencia de espacios de impunidad derivados de la falta de iniciativa de algunos municipios de la provincia», dice en su Memoria.