La Audiencia Nacional confirmó ayer las medidas económico-financieras, los embargos y la administración judicial de las «herriko tabernas» vinculadas a la formación ilegalizada Batasuna para evitar que los beneficios de estas entidades sean «controlados o desviados» hacia ETA. En un auto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal desestima el recurso de apelación presentado por las sociedades gestoras de ocho «herriko tabernas» contra el auto que el pasado 15 de enero dictó el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Los magistrados Teresa Palacios, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martell entienden que, al continuar la fase instructora del sumario 35/02, que investiga la presunta subordinación de Batasuna a ETA, «se hace necesario velar legalmente por las «herriko tabernas» para evitar el control de los fondos de las entidades intervenidas por parte de la organización terrorista». También argumentan que, a pesar de que los embargos no fueron procesalmente prorrogados una vez cumplido el plazo legal de cinco años de suspensión de actividades de Batasuna, «esto no quiere decir que no se puedan volver a adoptar y acordar».