El Ministerio Fiscal elevó ayer de 10 a 13 años de prisión la pena para los tres principales cabecillas de Gestoras pro Amnistía-Askatasuna Juan María Olano, Julen Celarain y Aitor Ángel Jugo, a los que acusa de un delito de integración en organización terrorista en grado de dirigentes.

En sus conclusiones definitivas, el fiscal Carlos Bautista retiró además los cargos, al no hallar indicios suficientes para inculparles, contra Maitane Méndez (área «Comunicación), Jorge Luis Redondo («red empresarial), y Mitxel Sarasqueta («ex presos), para los que pedía en principio 10 años de cárcel. Esta misma pena la mantuvo para el resto de procesados, que suman 21.
Durante la lectura de su informe en el juicio contra el colectivo de apoyo a presos etarras, Bautista hizo hincapié en que existe «una vinculación directa» entre Gestoras, la «superestructura», y el frente militar de la banda, «la estructura», flancos que siguen «una coordinación estratégica y una separación táctica», precisó.

El fiscal se remontó a los orígenes del «frente de makos», donde «la primacía la tiene la vanguardia armada», para señalar que dicho colectivo «no nació a impulsos de ETA», según subrayó un perito en el plenario, sino con la idea de reclamar la amnistía de presos durante la dictadura franquista.

Desdoblados

En este escenario, continuó Bautista, con la Ley de Amnistía de 1977 salieron a la calle presos etarras, «muchos de ellos con sangre en las manos», y Gestoras se mantuvo viva sin razón de ser. Fue entonces cuando comenzó a ser absorbida por la ilegalizada Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) a través de la «doble militancia» de algunos de sus dirigentes. Esta inmersión se perpetró, «según dice la leyenda», incluso con «el asalto de sus sedes» por parte de miembros de ETA, dijo el fiscal.

Como muestra de la conexión económica entre la banda y Gestoras, el representante del Ministerio Público, al que acompañó el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, se refirió, entre otros elementos, a los recibos hallados en 1988 en la fábrica Sokoa, Hendaya (Francia), con los que ETA pagó dos millones de pesetas a Gestoras. También expuso Bautista que a partir de 1991 la banda «se cansó de poner el dinero para todos sus frentes», y recurrió al «proyecto Udaletxe» para la autofinanciación de cada uno de ellos. Este informe se incautó en la operación contra la cúpula etarra en Bidart (Francia) en 1992.

Asimismo, aludió el fiscal a la documentación encontrada en agosto de 1993 al miembro del «aparato político» de ETA José María Dorronsoro. De ella se desprende que ETA transmitía sus directrices a «militantes» de Gestoras (delegados de KAS-EKIN, con la clave «Adidas», y abogados del entorno, con las de «Z» y «ZZ») para que éstos la llevaran hasta los presos. Según el Ministerio Público, «Adidas» también promovía actitudes desafiantes ante los tribunales y puso como ejemplo de la vigencia aún de este «etnicismo excluyente» que uno de los acusados, en concreto, José María Olabarrieta, afirmara en la vista oral que «a un vasco sólo le puede juzgar otro vasco».

Escenificación de una «farsa»

En este sentido, Bautista criticó que los procesados renunciaran en una «farsa o teatrillo» a su defensa e interiorizaran de «de cabo a rabo» el «manualillo» etarra. Prueba de que se trata de un «juicio absolutamente jurídico», dijo el fiscal, es la exculpación de Maitane Méndez, tras escuchar en el plenario la versión de un perito que no aseguró que la firma de la acusada apareciera en unas notas comprometedoras. Para el caso de Sarasqueta, el fiscal indicó que tampoco se ha podido corroborar que existiera un área de «ex presos» a su cargo. La AVT, que ejerce la acusación popular, expondrá hoy sus conclusiones.