Dignidad y Justicia recurrirá la negativa de los alcaldes a cambiar su denominación

Pese a que la vía penal está abierta en algunos casos, la asociación quiere agotar también el cauce administrativo.

La decisión de retirar de los callejeros del País Vasco las vías con nombre de etarras ya no estará únicamente en manos de los alcaldes de los municipios afectados y de los jueces de la Audiencia Nacional. Seis meses después de que Dignidad y Justicia (DyJ) reclamase por carta a los regidores que cambiaran las polémicas denominaciones, la asociación ha decidido recurrir la negativa de los ayuntamientos ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco. De momento, este organismo ya tiene sobre la mesa el recurso contra el Consistorio de la localidad vizcaína de Lejona (que mantiene dos calles a nombre de los etarras Eustaquio Mendizábal «Txikia» y de los hermanos Txabi y Joseba Etxebarrieta).

El alcalde de Lejona, el peneuvista Eneko Arruebarrena, se limitó a contestar que respetaba los acuerdos de las corporaciones precedentes. Contra ese acto administrativo ha interpuesto recurso la asociación que preside Daniel Portero al considerar que no es ajustado a derecho (el plazo para hacerlo es de dos meses).

Silencio negativo

En este caso, por tanto, ya no se recurre la decisión del Ayuntamiento de otorgar a una calle el nombre de un etarra (muchas de ellas adoptadas en los años 80, antes de que se tipificara en 2000 el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas), sino la negativa a retirar esa placa de la vía pública. En el caso de los alcaldes que no contestaron, pasados seis meses su silencio se interpreta legalmente como un rechazo que habilita la presentación de un recurso. Eso es lo que hará a final de mes Dignidad y Justicia respecto a las misivas que se enviaron en diciembre a los consistorios vizcaínos de Amorebieta y Arrigorriaga y al guipuzcoano de Hernani. Junto a estos recursos la asociación presentará otro contra el Ayuntamiento de Tolosa (Guipúzcoa), cuyo alcalde pretextó que el monolito al etarra Txabi Etxebarrieta está situado en una propiedad particular.

Además, se interpondrá otro recurso contencioso en el TSJ de Navarra ante el silencio del Ayuntamiento de Echarri-Aranaz por un motivo similar.

La vía penal, preferente

«Lo que buscamos –asegura Portero– es que el TSJ dicte unas medidas cautelares ordenando la retirada de las placas». Fuentes jurídicas aseguraron que una petición de este tipo «no es habitual» y que al ser la vía penal preferente las causas que estén instruyéndose en la Audiencia Nacional se paralizarán en vía contenciosa (es el caso, por ahora, de Arrigorriaga y Hernani). Pero si la vía penal queda archivada (como ha sucedido con Amorebieta y Lejona) se reabriría la vía administrativa. «Lo normal es que si la Sala considera que el acto administrativo recurrido no es conforme a Derecho ordene al Ayuntamiento la retirada de la placa», vaticinan esas mismas fuentes.