La presidenta de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia cree que los delitos de terrorismo deben juzgarse lejos del ambiente hostil en el que se producen "para preservar la independencia del juez".

Hace escasas fechas que Ángela Murillo tomó posesión como presidenta de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En sus quince años como magistrada de este tribunal, ha sido ponente en juicios como el del caso Nécora, el relacionado con el conocido como clan de los Charlines o en las vistas contra la célula de Al Qaeda en España o la organización EKIN. De éstas y otras cuestiones, habla en esta entrevista concedida a EXPANSIÓN.

Pregunta: ¿Cómo ha vivido estos tres años en la Casa de Campo?

Respuesta: Son experiencias que no sólo te marcan profesionalmente, sino también personalmente. Te dedicas mañana, tarde y noche al asunto. El caso Ekin fueron 16 meses de juicio, y luego 9 meses redactando la sentencia. Fue un trabajo agotador y, para mí, resultó más difícil que las oposiciones. Me absorbió tanto que llegué a vivir por y para ello. Profesionalmente ha sido precioso. Dictar una sentencia de esa envergadura, sabiendo que has puesto el máximo empeño y convencida de que la decisión que has tomado se ajusta a la legalidad y, además, a la justicia es la mayor de las satisfacciones que puede tener un magistrado.

P.: Han sido juicios muy mediáticos. ¿Se ha sentido presionada por ello?

R.: Ni en esos asuntos, ni en ningún otro. Lo que dicen los medios no me afecta porque siempre pienso que cuando salga la sentencia se verá, se comprenderá y si me he equivocado para eso están las instancias superiores.

P.: En la coyuntura política [tregua de ETA] en la que se produjo el juicio del caso Ekin, ¿recibió algún tipo de consigna o insinuación?

R.: Jamás nadie me insinuó nada al respecto. Al contrario, me han apoyado en mi independencia. En el juicio se vivieron situaciones kafkianas, ya que lo que se pretendía a toda costa por parte de los procesados y de su defensa era suspender el juicio sine die, sin motivo legal y sin causa aparente, sino por las buenas y además por la fuerza bruta.

P.: ¿Cómo cree que se entendió la rebaja de penas que pidió la Fiscalía?

R.: En el juicio tuvimos un representante del Ministerio Fiscal, Enrique Molina, que es un gran profesional. La rebaja de penas –que por cierto, no prosperó en la Sala– la planteó porque honestamente creía que se debía hacer esa modificación. La sociedad pudo pensar que el fiscal Molina recibió órdenes de sus superiores jerárquicos pero, según él mismo me ha referido, eso no ocurrió, fue respetado y nunca le dijeron lo que tenía que hacer.

P.: Hay un sector de la judicatura que predica la desaparición de la Audiencia Nacional, ¿qué les diría?

R.: Este Tribunal es de vital importancia desde su creación. Los delitos de terrorismo no se pueden juzgar en la misma comunidad autónoma donde efectivamente están ocurriendo los actos de barbarie, fundamentalmente para preservar la independencia del juez que se puede ver mediatizada en un ambiente tan hostil. La Audiencia Nacional es de crucial importancia en el esquema judicial.

P.: La justicia universal, ¿es aún una utopía?

R.: No. En materia de terrorismo islamista se pueden conseguir muchas cosas aplicando la justicia universal.

P.: ¿La Audiencia Nacional estaba preparada para el terrorismo islamista?

R.: Sí. Los pioneros en esta materia fuimos el tribunal que juzgamos la célula de Al Qaeda en España. Fue la primera vez que se condenó a individuos que sin tener armas, sin embargo, estimamos que practicaban terrorismo porque se marchaban a los campos de entrenamiento de Al Qaeda para luego venir a España. A pesar de que todo ello ocurría en el extranjero, fueron todos condenados y el Supremo confirmó la sentencia, absolviendo a tres de ellos por insuficiencia de pruebas, pero corroborando nuestra tesis, luego reiterada en sentencias posteriores.

P.: ¿Hay que reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal?

R.: Sí, especialmente en materia de escuchas telefónicas. Actualmente, no se sabe exactamente a qué delitos se puede aplicar esta medida restrictiva de un derecho fundamental. Las escuchas teléfonicas, para determinados delitos, son el método más idóneo de investigación y, aunque el Supremo jurisprudencialmente está diciendo los requisitos necesarios para su validez tanto como fuente de prueba o como prueba directa, debería regularse en aras de una mayor seguridad jurídica.

P.: En la sección que preside, ¿tienen problemas con las ejecutorias?

R.: En la Sección Cuarta las ejecutorias están muy bien controladas. No hay atraso en el cumplimiento de las penas privativas de libertad.

P.: ¿Estaría a favor de que la investigación la dirigiera el fiscal?

R.: Sólo apoyaría esta medida si mejorara el funcionamiento de la Administración de Justicia. Habría que ensayar cómo funciona.