El ex dirigente de los Grapo tenía almacenados y ocultos en un piso de la capital material explosivo, temporizadores y detonadores

El fiscal Ignacio Gordillo ha rebajado de 46 años a 11 años y seis meses su petición de prisión para el ex dirigente de los Grapo Fernando Silva Sande por la colocación de tres bombas en la Bolsa de Madrid, el Ministerio de Economía y el Tribunal Constitucional en 1990, que hirieron a seis personas.

En el juicio, celebrado hoy en el Audiencia Nacional, el fiscal ha mantenido su petición de 11 años por un delito continuado de terrorismo, pero ha rebajado de 7 años a seis meses su solicitud por cada uno de los seis delitos de lesiones, que ahora califica sólo como faltas.

Según ha sostenido el fiscal, el acusado, junto con Guillermo Vázquez Bautista y María Jesús Romero Vega -ya condenados por estos hechos-, colocaron el 6 de septiembre de 1990 tres bombas que estallaron en cadena y sin previo aviso en la Bolsa de Madrid, el Ministerio de Economía y el Tribunal Constitucional.

El ex dirigente, ha añadido Gordillo, tenía almacenados y ocultos en un piso de la capital material explosivo, temporizadores y detonadores, con los que luego se fabricaron las bombas, y fue el encargado de colocar el artefacto que estalló en la Bolsa.

Vázquez y Romero fueron detenidos días después de estos hechos en otro piso de Madrid en el que se habían refugiado y, gracias a su declaración, Silva Sande fue arrestado días después en la capital.

En su comparecencia como testigos, Vázquez ha asegurado desconocer quién fue el encargado de colocar la bomba de la Bolsa, mientras que Romero se ha negado a declarar.

Triple atentado

Ambos explicaron, en la declaración posterior a su detención en 1990, que Silva Sande era el tercer integrante del comando al que pertenecían y que éste había participado en el triple atentado en cadena, aunque hoy han declarado que estos testimonios fueron obtenidos bajo presión y tortura policial.

Por su parte, el acusado ha negado su participación en los hechos y ha explicado que, aunque pasaba la mayor parte del tiempo en Francia, los días señalados se encontraba en Madrid para hacer una valoración política y un seguimiento de la huelga de hambre emprendida por miembros de su organización que estaban presos.

La defensa ha solicitado su absolución al estimar que no hay pruebas que le vinculen con el lugar de los hechos ni con los pisos registrados.

El ex dirigente de los GRAPO se fugó en 1992 de una cárcel de Granada tras ser detenido por estos hechos, y fue arrestado posteriormente en Francia.

En septiembre del año pasado fue extraditado a España, donde tiene pendientes más de una decena de causas y ya ha sido condenado por el secuestro de Publio Cordón (28 años) y el asesinato del coronel Manuel López Muñoz (29 años).