La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha opuesto frontalmente a la querella que presentó el Gobierno vasco contra el vocal del Consejo General del Poder Judicial Juan Pablo González por el artículo «Nacionalismo contra la Justicia», publicado en LA RAZÓN el pasado 24 de enero. El Ejecutivo de Ibarretxe acusaba al vocal de un delito de calumnia o, subsidiariamente, de injurias. El Ministerio Pública solicita que ni siquiera se admita a trámite la querella, y que, por contra, se decrete el «inmediato» archivo de la misma. Este criterio fue adoptado por unanimidad en una Junta de Fiscales donde se abordó esta querella.

El argumento central radica en que la crítica al Gobierno vasco en relación a sus reacciones ante determinadas sentencias, como la del «caso Atutxa», entran dentro del derecho a la libertad de expresión.

«En un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a la crítica, por dura y cruel que la misma sea, es parte inseparable de todo cargo de relevancia pública, más aún si la crítica va dirigida a una entidad colectiva, no individual, y aún más si sobre la misma recaen responsabilidad política de gobierno», destaca la Fiscalía.

En su artículo, González criticaba al nacionalismo gobernante en el País Vasco por oponerse a cuantas medidas judiciales se han puesto en marcha desde el Estado de Derecho para poner fin a una lacra -la banda ETA- que sufren con especial intensidad sus adversarios. El contenido del texto no gustó lo más mínimo a compañeros del Consejo elegidos a propuesta del PSOE e IU, quienes, además, le pidieron al presidente de la institución, Francisco José Hernando, que evite que episodios similares se vuelvan a repetir en lo que resta de mandato del CGPJ.