La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no mantuvo ayer la cautela mostrada veces anteriores para referirse a cuestiones de la Justicia, al manifestar, en declaraciones a TVE, que «un asunto tan grave (el juez Rafael Tirado no encarceló al asesino de Mari Luz Cortés) es intolerable que pueda quedar con una sanción tan leve».

Se da la circunstancia de que De la Vega no sólo cuestionaba así una posible decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la actuación de Tirado que este órgano investiga, sino que se pronunciaba sobre lo que no va más allá de una «filtración» a un periódico de tirada nacional que sigue sin ser confirmada. Este diario señalaba que la Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces «se inclinará previsiblemente» por imponer una multa de entre 1.000 y 6.000 euros al magistrado. Además de sanción económica, Tirado podría enfrentarse a una eventual suspensión, traslado forzoso o incluso la separación de la carrera judicial.

Asimismo, la «número dos» del Ejecutivo socialista advirtió que si llega a acordarse en el seno de la Comisión Disciplinaria del CGPJ dicha multa de entre 1.000 y 6.000 euros, los españoles pueden tener la «seguridad» de que la Fiscalía General del Estado intervendrá para recurrir la decisión, ya que, dijo, «nadie la podría comprender ni admitir». Desde el Gobierno «iremos hasta el final», sentenció De la Vega.

Por su parte, el órgano de gobierno de los jueces ha manifestado que el expediente disciplinario abierto al titular del Juzgado de lo Penal uno de Sevilla por la falta muy grave que podría haber cometido al no ordenar el ingreso en prisión del pederasta Santiago del Valle, aún se encuentra en tramitación por parte del instructor, Wenceslao Olea, presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJ extremeño. En concreto, su propuesta no ha sido por el momento conocida ni debatida por la Comisión Disciplinaria.

Para la APM (asociación a la que está afiliado Tirado), las palabras «invasivas» de De la Vega «no buscan sino influir en decisiones de un ámbito competencial fijado por la Constitución que no le incumbe», declaró a ABC su portavoz, Antonio García. En su opinión, la Fiscalía debe someterse a la defensa de la legalidad y a la imparcialidad, y no servir para que la vicepresidenta recurra a ella ante lo que sólo es una hipótesis.