Entrevista - Fernando Ruiz Piñeiro / Presidente del TSJ del País Vasco
En su primera entrevista a un medio de comunicación nacional en los últimos años, expresa su principal deseo para los jueces vascos: «Aspiramos a ser pos-heroicos».
Entra en la recta final de su mandato. En enero del próximo año vencerá el periodo para el que fue designado. Se presentará a la reelección, algo que estará en manos del próximo Consejo General del Poder Judicial. Madrileño de nacimiento y vasco de adopción, tiene toda su vida en esa comunidad autónoma, donde se quedará a vivir una vez deje la judicatura. «Estoy instalado definitivamente en el País Vasco», dice al respecto. Casado, con cuatro hijas, su familia le ocupa el poco tiempo que le dejan los avatares del Tribunal Superior. Eso sí, de vez en cuando acude al restaurante de unos conocidos donde disfruta, junto a amigos y familiares, de un buen vino y mejor chuletón. Y, cuando se presenta la oportunidad, una partida de mus le hace olvidar momentáneamente que ha sido «objeto de especial predilección» por parte de los nacionalistas.
«No acabo de entender que 17 consejos de Justicia autonómicos solucionen algo» - Pedro Martínez
Cómo se lleva presidir un Tribunal Superior en una comunidad donde la Justicia siempre está en el punto de mira?
-Con absoluta normalidad. Es una etapa en mi carrera profesional absolutamente interesante, intensa, que se lleva con una normalidad absoluta.
-¿Y los jueces vascos, cómo afrontan esa situación?
-Los jueces, como la sociedad en general, en el día a día viven con absoluta normalidad. Cuestión distinta es que tengamos que adoptar medidas de seguridad por lo que todos sabemos, por la actividad de la banda terrorista ETA. El País Vasco es uno de los pocos lugares del mundo donde el colectivo judicial, en su conjunto, tiene que adoptar medidas personales de seguridad, aunque no es algo exclusivo de los jueces.
-Desde fuera del País Vasco se tiene la imagen de que los jueces que ahí trabajan son una especie de héroes, por las circunstancias en que desarrollan su actividad.
-Se puede dar esa imagen, pero, desde luego, a lo que aspiramos es a dejar de tenerla, aspiramos a ser pos-heroicos. Y ello porque desde fuera del País Vasco se piensa que el ejercicio de la jurisdicción en esta comunidad tiene un componente de especial exigencia. Es cierto que lo tiene, pero lo lógico es que la situación sea tan normal como en cualquier otro punto de la geografía española y que el juez se limite exclusivamente a estar dedicado a su trabajo, sin más, sin otro tipo de connotaciones.
-Usted siempre ha sido objeto de duras críticas por parte del nacionalismo vasco. ¿A qué lo achaca?
-Desde que llegué a Vizcaya en 1986, hace 22 años, lo que he intentado, sin más, es desempeñar mi trabajo de la mejor forma posible. Pero nunca llueve al gusto de todos. Tengo la tranquilidad de haber tomado las decisiones que debería tomar, lo que no quiere decir que siempre hayan sido acertadas. Lo que ocurre es que en determinados temas, si dices «A», te dicen que eres españolista, que sentencias a golpe de silbato de Madrid; y cuando la resolución tiene el signo contrario, ha habido declaraciones pidiendo más jueces «falcones».
-¿Qué piensa de la pretensión de los partidos nacionalistas, e incluso del propio PSOE o el Gobierno, de que los tribunales superiores de Justicia sean, en última instancia, una especie de «tribunales supremos»?
-Creo que hay margen constitucional suficiente para avanzar y, de hecho, está previsto normativamente que los tribunales superiores sean la culminación de la jurisdicción en cada comunidad autónoma. Pero siempre hay que salvaguardar al Tribunal Supremo como máximo órgano jurisdiccional del Estado.
-¿Por qué el nacionalismo tiene a la Justicia como una de sus principales reivindicaciones?
-No lo sé. Pero lo cierto es que, desde hace ya algún tiempo, parece que hay una pretensión de existencia de un Poder Judicial propio, y ahí es donde está la problemática de fondo,
-¿Usted lo ve viable?
- Evidentemente, no, salvo que se produzca un cambio constitucional y se configure el Poder Judicial de una forma distinta a como lo está actualmente. Todo lo que sea afectar a la unidad jurisdiccional, a la Carrera judicial como carrera de índole nacional y única, es incidir en el núcleo duro de la configuración de un poder que en la Constitución tiene esas notas definidoras.
-¿Qué opina entonces de la posibilidad de creación de los consejos de Justicia autonómicos?
-Supondrían un cambio trascendente en la configuración del gobierno del Poder Judicial, y no acabo de entender que, al parecer, 17 consejos solucionen algo cuando, a la vista está, que habiendo uno sólo los políticos no han sido capaces de conseguir que funcione. En todo caso, quizás alguien consiga explicar de forma razonable cómo es posible que habiendo un Consejo, que ha resultado como ha resultado, pueda ser que existiendo 17 iríamos a mejor. Desde luego, no iríamos a mejor en calidad, eficacia, cercanía al ciudadano, que es lo que parece que se quiere conseguir, entrando los políticos en el gobierno de los TSJ.
-¿Cómo se imagina una Justicia en el País Vasco dirigida desde una óptica nacionalista?
-No me lo puedo imaginar. No lo sé. Lo que mantengo es que la Justicia, tal como está configurada actualmente, ha desempeñado un papel fundamental en la sociedad y los ciudadanos la valoran cada vez mejor. Pues parece que cuando estamos consiguiendo tener mejor imagen, transmitir mejor, que los ciudadanos consideren que los jueces son la última garantía de sus derechos y libertades, y que somos una garantía del propio sistema, justo entonces es cuando resulta que se quiere cambiar.
-Usted recientemente ha sido apartado del tribunal que enjuiciará a Ibarretxe por sus reuniones con Batasuna. ¿Cómo reaccionó ante esa decisión?
-Ni bien, ni mal, sino todo lo contrario. El sistema funcionó correctamente. Se presentó una recusación y la Sala entendió que concurrían motivos para ello. Es decir, normalidad en el sistema.
-En este caso, el instructor, Roberto Saiz, observó indicios de delito en las reuniones con la ilegalizada Batasuna. ¿Esas resoluciones estaban motivadas, fundamentadas?
-Que estaban fundamentadas, sin duda. Pero hay que distinguir entre que una resolución judicial esté fundamentada o que sea acertada o equivocada. Fundamentadas, no me quedan dudas de que lo estaban y más desde el momento en que las confirmamos -la Sala de lo Civil y Penal-. Pero, insisto, una cosa es que estén bien fundamentadas y otra es en qué pueda acabar el asunto.
-Si reunirse con un partido ilegalizado es presuntamente delictivo, ¿se puede aplicar lo mismo respecto a reunirse con una banda terrorista como es ETA?
-Aquí no puedo hacer valoraciones. En su momento, el Tribunal Supremo archivó una denuncia por ese motivo al no apreciar indicios de delitos en ese tema (en referencia a la reunión que mantuvo Carod-Rovira con «Josu Ternera» en Perpignan). Eso está ahí, Por tanto, a la vista está que no tiene por qué ser constitutivo de delito, porque así lo dictaminó el Tribunal Supremo.
-¿Y no le parece contradictorio?
-No. No es contradictorio en absoluto. Hay dos claves muy sencillas y que se entienden con facilidad. Tener contacto con una banda terrorista está tipificado como delito cuando se colabore, financie, etc, a la actividad de la banda; mientras que en el otro caso lo que ocurre es que hay una sentencia del Tribunal Supremo que ilegaliza un partido porque es un peligro para la democracia, y, por tanto, afecta a la convivencia de todos, y, además, prohíbe cualquier actividad política de ese partido. Lo que sí puedo decir es que cuando decidimos iniciar una causa penal por esas reuniones (con Batasuna) es porque estábamos convencidos, y lo sigo estando a día de la fecha, de que había motivos para ello. Y cuando confirmamos las resoluciones, diciendo que se abría juicio oral, es porque entendíamos que jurídicamente esa decisión era la correcta, y eso con independencia de que acabe en «A» o en «B».
-¿Qué le parece que se negocie con una banda terrorista?
- No tengo nada que decir. Un juez no puede valorar la conducta que desarrolle un Gobierno. Eso es algo que tienen que hacer los ciudadanos.
-Durante la tregua de ETA existió la percepción de que hubo una cierta «relajación» judicial y que, cuando se rompió, se «reactivaron» determinados procesos. ¿Tiene esa misma percepción?
- Creo que en ese tema la sociedad se mostró dividida. Si la Fiscalía cambió de postura tendrá que ser ella quien lo explique. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que hay jueces que no hemos cambiado de postura en ningún momento y que siempre hemos interpretado la ley de la misma forma, y, desde luego, siempre he tenido muy claro en mi vida profesional que mi toga no se mancha con el barro del camino (en alusión a lo que expresó Conde-Pumpido durante la tregua).
-¿Es partidario de la cadena perpetua para delitos de especial gravedad de terrorismo?
-Hay decisiones que pueden ser perfectamente razonables, como la que tomó el Tribunal Supremo en la «doctrina Parot», donde lo que hace es que en determinados supuestos se cumplan más penas. Creo que por ahí se puede conseguir una mayor justicia de la pena. En cualquier caso, tiene que haber un debate sereno, no mediatizado por hechos concretos que producen alarma en un momento determinado, y que la sociedad tome la decisión que corresponda. En principio, la cadena perpetua me parece que no es adecuada, pero tampoco tengo una decisión firme.
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