Históricamente, el Tribunal Constitucional sufre un importante colapso debido, sobre todo, al elevado número de recursos de amparo que recibe, la mayoría de los cuales (un porcentaje que supera el 90 por ciento) son inadmitidos a trámite. El primer intento para resolver este problema se produjo en julio de 1987, con una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que simplificó el trámite de inadmisión de los recursos de amparo. El 13 de marzo de 1998, el presidente del TC Álvaro Rodríguez Bereijo reclamó nuevas reformas legislativas ante la acumulación de recursos. El 17 de diciembre del mismo año, su sucesor, Pedro Cruz Villalón, volvió a hacer hincapié en la necesidad de una reforma que hiciera al Tribunal más selectivo a la hora de admitir a trámite los recursos. Una nueva reforma, en 1999, permitió que el Estado y las Comunidades autónomas dirimieran sus conflictos sin necesidad de llegar al TC. Las reclamaciones de reformas eficaces para desatascar el TC se han venido produciendo con todos los presidentes, incluida la actual, María Emilia Casas.
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